Los jueces pueden coadyuvar a carcomer la democracia

OPINIÓN

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Vaticano en octubre del 2020
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Vaticano en octubre del 2020 Remo Casilli | REUTERS

05 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

l. El contexto

Así como Cataluña es un referente mundial de etnicidad xenófoba, Madrid lo es de reaccionarismo revolucionario. En ambos casos, los enemigos del universalismo y del parlamentarismo van a muerte contra sus enemigos, sin importar los medios financieros, que disponen de muchos, o la falsificación de la verdad, pero de la verdad más determinada, o el hostigamiento permanente a las personas y a sus familias para arrasar con ellas, para aniquilarlas.  

Es conocido, en el caso de Madrid, que, en 2014, recién nombrado secretario general del POSE Pedro Sánchez, el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy creó la denominada «policía patriótica», según reveló, y hay pruebas, uno de los individuos más siniestros del posfranquismo, el excomisario José Manuel Villarejo. Entre sus cometidos estuvo investigar al padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por un presunto negocio de saunas de masajes sexuales. En la grabación de Villarejo con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, se dice que el informe es «demoledor» para el nuevo secretario general socialista, y el policía le dice al político que esta información se la pase al presidente (Rajoy, y, consecuentemente, al ministro Fernández Díaz) para «matar políticamente» a Pedro Sánchez si en un futuro fuera necesario. 

Aparte de que no ha quedado acreditada la participación del padre de Gómez en esa empresa, lo realmente grave y alarmante fue la utilización de la Policía Nacional como un cuerpo parapolicial al servicio exclusivo del PP, algo normalizado en países totalitarios. No es en absoluto curioso que fueran otros dos expresidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, quienes sufrieron los embates de instituciones del Estado y de periodistas, a cuya cabeza estaba Luis María Ansón, bien escoltado por un tal Pedro J. Ramírez. Entonces no había webs ni plataformas digitales de pelaje fascistoide, que hoy son unas de las herramientas más eficaces contra el Estado de Derecho y que hoy son frecuentadas por individuos como Martínez-Almeida y Díaz Ayuso, de la mano de otro oscuro y peligroso personaje, el periodista Miguel Ángel Rodríguez.

¿Cómo, entonces, se le puede reprochar a Pedro Sánchez que quedase noqueado hace semana y media al conocer que pedían la cabeza de su esposa las «salomés» actuales, que tan instruidas deben estar en la Biblia, aunque solo en los pasajes convenientes? 

ll. Los jueces

El Tribunal Supremo, a pesar de estar «colonizado» por el ala más conservador de los togados, ha recordado en varias ocasiones a sus colegas que no se debe admitir a trámite ninguna denuncia que esté apoyada solo por informaciones periodísticas. Sin embargo, Juan Carlos Peinado dio curso a la del autodenominado Manos Limpias (es imprescindible ser muy sucio para proclamarse limpio) contra Begoña Gómez, decisión que, además, contradice las normas de las Naciones Unidades, en las que se advierte que dar pábulo a querellas no fundamentadas socavan el prestigio de los jueces en las sociedades democráticas y que, en consecuencia, van perdiendo tal condición.

Con su actuación, Peinado, de conocida trayectoria conservadora y con una hija ejerciendo un cargo público por el Partido Popular, se desmarca de las doctrinas nacionales e internacionales, y se erige en salvoconducto de los herederos del franquismo, que ocupan todos los nichos ecológicos en los que se conspira contra la legalidad, sea de las leyes, sea del parlamentarismo. O sea, del pueblo que vota.

El oficio de difamador (difamar: «Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama», según la RAE) es tan viejo como el hombre, mucho más que la prostitución y mucho más deshonroso. En la antigua Grecia se los conocía como «sicofantes», con el significado de «presentar querellas sin fundamente». Y cuando los magistrados toman posicionamiento por una ideología en el ejercicio de sus tareas, es la señal de que la democracia se está transformando en otra cosa sin que la sociedad en general se entere. La carcoma no es fácil de detectar en sus primeras fases: es traicionera, como el cáncer de páncreas.

Téngase en cuenta que los jueces se controlan a sí mismos, al margen del resto de poderes del Estado, y cuando una porción de este poder se decanta por ideas reaccionarias, podemos decir que un seísmo de gran magnitud está sacudiendo los pilares de nuestro régimen constitucional, con el objetivo de llevar a la ultraderecha (PP y Vox) al Gobierno de la nación, saltándose el sacrosanto principio de la voluntad popular.

Que jueces y fiscales se manifiesten con sus atuendos enfrente de sus tribunales por una ley de amnistía aún en tramitación; que el juez Manuel Ruiz de Lara llame «psicópata» al presidente del Gobierno, en consonancia con el «hijo de puta» de la baronesa principal del reino; que Peinado acceda a investigar unas denuncias basadas en libelos; que el magistrado García-Castellón haya «ocultado» durante los dos últimos años el informe policial redactado por Asuntos Internos acerca de la investigación «patriótica» de la cúpula de Interior al padre de Begoña Gómez; que los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se planten contra Núñez Feijoo, que lleva más de cinco años incumpliendo la Constitución; que el presidente en funciones del CGPJ respalde a su colega Peinado, etcétera, etcétera, requiere tirar del freno de emergencia del tren que se encamina a toda máquina hacia Hungría. 

La conjura de clanes civiles, religiosos, políticos y económicos, cuando tienen la apoyatura de elementos judiciales, está más cerca de alcanzar sus objetivos, porque se ha de tener por muy ciertos e inquietantes los aullidos compulsivos de esta conjura, que ha entrado en el «delirium tremens». O ¿dónde encajar las descalificaciones del PP a las recomendaciones de la ONU a nuestro país para que se oponga a las leyes de «concordia nacional» promovidas por los gobiernos ultras de Valencia, Aragón y Castilla y León, que vuelven a poner bajo palio a Franco y su cohrte? ¿No se parece esta reacción a la de Netanyahu cuando arremetió contra el secretario general de Naciones Unidas por rogarle que parase la matanza en masa en Gaza? ¿Quién está apoyando en España el genocidio de los gazatíes por parte de los sionistas, que no hay que identificar con el pueblo israelí en general? ¿Acaso no cuadra todo?